La Autonomía de la Voluntad

Evolución de la autonomía de la voluntad

Históricamente, la autonomía de la voluntad se remonta al derecho romano; sin embargo no tenía una facultad creadora por cuanto se ubicaba, bajo ciertas limitaciones establecidas, donde tenía que someterse a la voluntad del influyente formalismo que Imperaba en la época, sujetándose a esquemas o modelos predeterminados de manera rigurosa, propios de la señalada civilización.  

Posteriormente, la idea que existía y estaba vigente en ese ámbito jurídico de ese entonces, fue recogida legislativamente por el Código Civil francés de 1804, donde este primer gran hito en la codificación civil mundial reconoció la categoría de ente generador de una diversidad de relaciones jurídicas, las mismas que tenían como origen causal la voluntad de la persona.  

Concepto e importancia de la autonomía de la voluntad

Este concepto tiene relación directa con la libertad toda vez que resulta fundamental para su existencia. En consecuencia, podríamos definir a la autonomía de la voluntad como aquella libertad que permite a la persona generar infinidad de relaciones jurídicas; esto es crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir vínculos jurídicos con otra persona, todo ello de acuerdo con los fines y propósitos para los cuales fueron creados.  

Se convierte pues en el ente generador del acto Jurídico y, a su vez, en mecanismo normativo de autorregulación de la conducta de los sujetos respecto a las relaciones jurídicas ya generadas. Asimismo se suele comparar a la autonomía de la voluntad con la libertad de contratación o la libertad económica, esto último de acuerdo al propósito patrimonial o pecuniario que se encuentra investido, el que por cierto no es en todos los casos.  

La autonomía de la voluntad
Actos jurídicos
Definición de derecho
Origen del derecho

Si bien es cierto la autonomía de la voluntad implica la libertad para generar derechos, deberes y obligaciones de diversa índole, ello no significa que sea de carácter absoluto o ilimitado, sino que existen limitaciones, encargándose de esta función el orden público.  

Concepto de orden pública

Es el elemento que limita y/o restringe a la autonomía de la voluntad. Podríamos definir al orden público como aquellas normas de carácter imperativo y/o prohibitivo que limitan la libertad de contratar, generar derechos y obligaciones, teniendo el sustento para ello en el conglomerado de normas que forman parte del ordenamiento legal.  

Si bien es cierto la autonomía de la voluntad  se encarga de generar innumerables relaciones Jurídicas entre los sujetos, éstas no provoquen el desenfreno o arbitrariedad, están supeditadas o limitadas al conjunto de normas que conforman el orden público.  

Es menester precisar que el orden público tiene como basamento sustancial en la Constitución Política del Estado, que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y, luego en las normas que jerárquicamente siguen a la Carta Magna y que asumen función reguladora de la voluntad, como podría ser el Código Ovil a manera de ejemplo.  

Concepto de buenas costumbres

Según nuestro parecer podríamos señalar que no existe una definición absoluta, exacta, uniforme o única de lo que se entiende como buenas costumbres ya que la visión o apreciación que se tenga respecto a ella dependerá de la persona que la práctica y el entorno respectivo.  

Claude Du Pasquier señala que las buenas costumbres deben ser entendidas en función, a un estándar jurídico, es decir como un concepto cambiante, flexible, adaptable en función a dos aspectos fundamentales: espacial y temporal de una sociedad, es decir lo que no está permitido aquí puede estarlo en otro lugar distinto, o lo que no está permitido en la actualidad puede estarlo más adelante en función al tiempo.  

Por lo expuesto, la moral y la apreciación de las personas, juegan un papel preponderante sólo como elementos referenciales, donde, en todo caso, será el Juez quien tendrá que resolver si el acto Jurídico celebrado es conforme o contrario a las buenas costumbres, en función a la apreciación que tenga.  

Asimismo es menester precisar que el Código Civil de 1984 no define -en esencia- lo que son las buenas costumbres, sólo se limita a enunciarla en cada supuesto normativo. A manera de ejemplo podemos citar los artículos 6°, 96°, 1681° inc.7), 1697° inc. 3), 2049°, 2050°, 2104» me. 7).  

Análisis del Artículo V del Título Preliminar del Código Civil

El artículo V del Título Preliminar del Código Civil señala en forma expresa que “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que Interesan al orden público o a las buenas costumbres”.   Teniendo en consideración que esta norma se encuentra dentro del Título Preliminar del citado código sustantivo, denota la importancia que le ha otorgado el legislador para desarrollar conceptos como orden público y buenas costumbres, aun cuando existe defectos de redacción en la norma antes citada.  

Es Impropio cuando el artículo en mención se refiere “…..A las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”, por cuanto, tal como hemos advertido anteriormente, las buenas costumbres no pueden estar incorporadas dentro de una “ley”ya que resulta un concepto amplío, variable, cambiante y flexible en función a distintos aspectos, máxime que el Código Civil no le otorga una definición precisa.  

La importancia del artículo señalado radica en que hace prevalecer el orden público sobre la autonomía de la voluntad, dando la máxima sanción (nulidad)al acto Jurídico que sea celebrado inobservado el ordenamiento legal existente.   De esta nulidad, también se desprende el carácter imperativo que resulta de las normas que conforman el orden público. La autonomía de la voluntad puede determinar el acto jurídico, empero su colisión con el orden público puede traer consigo de manera irremediable la nulidad absoluta del acto jurídico, tal como prevé adicionalmente el inciso 8) del artículo 219° del Código Civil.

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